La intervención judicial de la UOM desató una escalada sindical y política
La intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la anulación de las elecciones que habían ratificado a Abel Furlán al frente del gremio provocaron una fuerte reacción del sindicalismo combativo, organizaciones estatales y del Partido Justicialista, que denunciaron una “embestida antidemocrática” contra el movimiento obrero argentino.
La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA) fue una de las organizaciones más contundentes. En un duro comunicado, calificó la resolución de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo como “un nuevo ataque contra la clase trabajadora” y llamó a construir un plan de lucha nacional con un paro por tiempo indeterminado.
La organización aceitera expresó su “mayor solidaridad” con Abel Furlán y con toda la UOM, y sostuvo que el fallo firmado por los jueces Víctor Pesino y María Dora González busca “desconocer la voluntad de las y los afiliados metalúrgicos”, quienes habían reelegido a Furlán con amplio respaldo.
Aceiteros denunció persecución política y ataque a la democracia sindical
En el texto, la Federación Aceitera vinculó directamente la intervención de la UOM con una “encarnizada persecución política” impulsada por el gobierno nacional y grandes grupos empresarios.
Según señalaron, la ofensiva apunta a disciplinar a las organizaciones sindicales que enfrentan el ajuste, las reformas laborales y el deterioro salarial.
“El ataque contra la UOM es un ataque directo contra la democracia sindical y contra las organizaciones gremiales que luchan junto con sus trabajadores”, sostuvo el comunicado.
La FTCIODyARA también recordó que los mismos jueces habían restablecido previamente aspectos de la reforma laboral impulsada por Javier Milei, y cuestionó la continuidad del juez Pesino en su cargo pese a superar el límite de edad constitucional.
Un llamado a un paro nacional por tiempo indeterminado
La Federación Aceitera describió un escenario de “catástrofe social y laboral”, marcado por despidos masivos, cierre de pymes, caída salarial y desmantelamiento de organismos públicos como Vialidad, INTA, INTI y CONICET.
Además, denunció persecución judicial contra sindicatos y ataques a sedes gremiales.
Frente a ese panorama, lanzó una convocatoria abierta a todas las centrales y organizaciones sindicales del país:
“Llamamos a todas las organizaciones sindicales de nuestro país para que nos comprometamos y unamos detrás de un mismo objetivo: reivindicar a la clase trabajadora y defender los derechos de las y los trabajadores con un paro por tiempo indeterminado”.
La declaración elevó la tensión dentro del movimiento obrero y abrió la posibilidad de nuevas medidas de fuerza coordinadas a nivel nacional.
La CCC denunció una ofensiva contra el movimiento obrero
Desde la Corriente Nacional de Estatales René Salamanca CCC también manifestaron su respaldo a los trabajadores metalúrgicos y calificaron la intervención como “arbitraria y antidemocrática”.
La organización sostuvo que el gobierno de Javier Milei necesita “sindicatos débiles” para avanzar con su programa económico y con la reforma laboral.
“No buscan transparencia ni institucionalidad. Buscan disciplinar a los trabajadores, debilitar las organizaciones sindicales y garantizar salarios de miseria, flexibilización y entrega”, señalaron.
Además, advirtieron que cuando no logran derrotar a los trabajadores “en la lucha ni en las elecciones”, recurren a sectores judiciales para imponer decisiones por fuera de la voluntad expresada en las urnas.
El PJ habló de una grave violación a la autonomía sindical
El Partido Justicialista también salió al cruce de la decisión judicial y denunció que se trata de una “arbitraria y antidemocrática decisión” que vulnera la autonomía sindical.
En un comunicado difundido por la conducción nacional del PJ, encabezada por Cristina Fernández de Kirchner, el partido sostuvo que “sin autonomía sindical, con persecución y proscripciones, no hay democracia”.
La fuerza política vinculó la intervención de la UOM con el proceso de desindustrialización y deterioro del empleo registrado que atraviesa el país.
Según el PJ, la resolución judicial se produce en un contexto marcado por el cierre de miles de empresas, la caída de salarios y el avance de reformas laborales flexibilizadoras que restringen el derecho de huelga.
También remarcaron que el fallo se conoció apenas un día después de que la Corte Internacional de Justicia ratificara la protección internacional del derecho de huelga mediante el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Qué dice el fallo que intervino la UOM
La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló las elecciones realizadas en la seccional Campana entre el 2 y el 4 de marzo, así como el Congreso Nacional del gremio celebrado el 18 de marzo.
Los jueces Víctor Pesino y María Dora González consideraron que existieron irregularidades en el proceso electoral, entre ellas la extensión de los comicios durante tres jornadas, la custodia exclusiva de las urnas por parte de la Junta Electoral y la ausencia de escrutinios públicos diarios.
La sentencia también recogió cuestionamientos de la Lista Naranja, encabezada por Ángel Derosso, que había reclamado mayores garantías de transparencia.
Como consecuencia de la resolución, quedaron sin efecto los mandatos surgidos de esas elecciones, incluido el de Abel Furlán como secretario general nacional.
El gremio quedó bajo intervención judicial a cargo del abogado Alberto Biglieri, quien deberá convocar a nuevas elecciones en un plazo de 180 días.
